REQUISITOS MUNICIPALES
Burocracia dificulta trámites de vivienda
CADA AYUNTAMIENTO HACE UNA APLICACIÓN DE LA LEY 176-06

Irregularidad. Hay muchas construcciones que no cumplen las reglas mínimas de seguridad.

windler soto
Son diversos los obstáculos que muchas personas tienen que enfrentar para construir su vivienda. Y es que los costos de los materiales de construcción no es lo único en lo que hay que pensar, sino que los protocolos y normas establecidas para tales fines representan una carga adicional sobre los hombros del propietario>.

El primer paso que los ciudadanos deben dar para la edificación de su vivienda es contratar los servicios de un arquitecto. Este profesional, además de confeccionar el diseño de la casa, tiene a su cargo la responsabilidad de gestionar la aprobación del proyecto de construcción ante el cabildo municipal correspondiente.
Una vez los planos pasen por el escrutinio de las autoridades y cumplan con los estándares establecidos para estos tipos de construcción, entonces se procede a la contratación de los servicios de algún ingeniero civil, que se encargue de dirigir y supervisar las labores de construcción de las diferentes estructuras de la vivienda, y un profesional electromecánico, a los fines de que trabaje lo concerniente a la electrificación.
Los impuestos:
La ley 176-07, de Organización Municipal, confiere una serie de facultades a las alcaldías que les permiten realizar varias imposiciones a la construcción y al uso de los espacios públicos. Es decir, que pueden ejecutar el cobro de tasas.
Estos impuestos varían entre los diferentes municipios a nivel nacional. Cada alcaldía, por medio de una resolución particular, determina la forma en que aplicará sus arbitrios y los montos que los ciudadanos deben pagar. Sólo el pago de RD$2.50 por cada RD$1000 gastados en la construcción se debe cumplir en todo el territorio nacional.
Además tienen a su cargo la regulación de los usos territoriales, las alturas de las construcciones, la densidad poblacional dependiendo de la zona, entre otras responsabilidades.
Para construir una vivienda en el Distrito Nacional se requiere que el interesado realice una petición para uso de suelo a un valor de RD$1,000, un recibo de no objeción que cuesta RD$500 y el desembolso de RD$9,000 como cumplimiento del pago de los servicios de la alcaldía de la capital.
El propietario de la construcción debe pagar, además, un derecho para iniciar la construcción, el cual dependerá de la extensión de la edificación. Y a estas se suman otras imposiciones.
Luego, se lleva el proyecto hacia obras públicas, en donde se realizan los estudios estructurales de la construcción.
Tanto el pago de los honorarios de estos profesionales, los gastos inherentes a los procedimientos de aprobación, así como los impuestos a la construcción, provienen del bolsillo del propietario de la obra.
A esto se suma el costo de los materiales que se utilizará, lo que representa una carga insostenible para alguien que devenga un salario de RD$15,000, sueldo promedio de los dominicanos.
La arquitecta Esther Morillo, encargada del Departamento de Urbanismo de la Capital aboga por que se cree un organismo que ofrezca facilidades de planificación a las personas de escasos recursos.
que económicos para que puedan tener acceso a la construcción planificada de sus viviendas.
UN CASO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS
Verónica Pérez y Esteban Luciano son una pareja con más de 20 años de unión.
Durante gran parte de ese tiempo se han esforzado en proveer un techo digno para sus cuatro hijos. Y es que a pesar de que lo consiguieron tuvieron que olvidarse de seguir los procedimientos adecuados a la hora de construir.
No contrataron a ingenieros, arquitectos y/o especialistas acreditados para la construcción. Ya que, según explican, de haber requerido de esos servicios, el dinero no les hubiera alcanzado para la compra de los materiales para su casa. “Con lo que se paga a un arquitecto, se construye la casa”, alegan.
En cambio, se refugiaron en los servicios brindados por constructores empíricos que cubrieron sus necesidades, aunque sin las garantías que pudieran ofrecer profesionales.