LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Permisos ambientales

LAS LEYES DOMINICANAS EXIGEN A LOS PROYECTISTAS ELABORAR UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRECISO

En el país, según el Programa de Protección Ambiental, hace falta un sistema de auditoría que dé seguimiento a las solicitudes aprobadas.

Yaniris Lopez
veces las cosas distan mucho del color con que las pintan. Al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, la población le echa en cara constantemente dos actitudes que le parecen negativas con relación a los permisos ambientales: ser muy permisivo en los estudios o retrasar sin motivo las licencias.>

Hasta hace unos años, sin embargo, al Ministerio parecía importarle poco la mala fama que ganaba. Entonces decidió abrirse al público (o el público lo llevó a hacerlo, casos hay) y dio a conocer la verdad sobre el proceso, la falta de compromiso de los proyectistas y de la población en cuanto a los temas medioambientales y las constantes violaciones a la ley 64-00, que regula estos procedimientos y determina los tipos de proyectos que deben ser evaluados.
La situación era tan grave, según el Ministerio, que los ingenieros incluían en el presupuesto de la obra el dinero de la multa, con tal de no seguir el proceso legal y de esta forma evitar que los proyectos fueran debidamente estudiados.
El pasado fin de semana le tocó el turno a la prensa.
El Ministerio ofreció un taller en La Romana dirigido a comunicadores en el que se trató la importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) como herramientas de gestión, el proceso de EIA en el país, los reglamentos y procedimientos de las autorizaciones ambientales y las herramientas tecnológicas de apoyo que implementan.
También hubo espacio para analizar el desarrollo del ecoturismo en el Parque Nacional del Este y su impacto ambiental. De ello se encargaron José Contreras, director del Programa de Protección Ambiental de la USAID que asesora a la caretera; Lina Berigu¨ete, geóloga y directora de Evaluación Ambiental del Ministerio; el analista Jerry Bauer y Robin Paniagua en el tema tecnológico.
Beneficios y consecuencias
Los proyectos ambientales deben evaluarse por diferentes motivos, indica José Contreras, entre ellos para mejorar los diseños, para eliminar riesgos ambientales, para garantizar equidad social y para evitar costos innecesarios en tiempo y dinero. No hacerlo trae como consecuencias la toma de una decisión inadecuada, la falta de compromiso de las partes involucradas (proyectistas, comunidad), perjuicios políticos, malas relaciones institucionales, pérdidas financieras y fracaso del proyecto.
Contreras también opina que la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental crea responsabilidad política, racionaliza las controversias, reduce las equivocaciones y la corrupción e incrementa la credibilidad institucional.
Al día con la gestión ambiental
El Ministerio de Medio Ambiente considera un logro la creación de la Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales (conocida como ventanilla única) en 2009. Esta ventanilla es la cara de la cartera y la encargada (salvo problemas o consultas mayores o de excepción) de resolver todo lo relacionado con los permisos ambientales, incluyendo las informaciones que se ofrecen al público, explica la geóloga Lina Berigu¨ete, directora de Evaluación Ambiental del ministerio.
Antes, dice Beriguete, los inversionistas debían presentarse ante seis o siete subministerios y esperar entre tres y cuatro años la aprobación o rechazo de las solicitudes.
Señala también como logros la nueva categorización de los proyectos, que permite dar respuesta en una semana a aquellos que no ameriten un estudio de licencia ambiental, y la eliminación de las cartas de no objeción.
Seguimiento vía Internet
Dos herramientas tecnológicas (una de ellas maravillosa para los amantes de la geografía y los mapas) están siendo implementadas por el Ministerio de Medio Ambiente para que tanto proyectistas como el público tengan acceso al tema de los permisos ambientales.
Se trata de un ensayo del programa que ejecuta la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y que República Dominicana es el primer país de la región en ejecutar.
NEPAssist, el sistema de seguimiento geográfico que ya está disponible al público en la página del ministerio, www.ambiente.gob.do, es muy útil para los que tienen en agenda solicitar un permiso ambiental. Con sólo colocar las coordenadas del lugar donde le interesa construir, el sistema le despliega un mapa que ubica el punto exacto y le mide las distancias a todos los puntos de interés que rodean la coordenada (ríos, carreteras, montañas, parques nacionales, colegios, etcétera). Como el proyectista ya conoce las leyes y los procedimientos, le será fácil determinar si declina o sigue adelante con la petición. Si tiene problemas, el programa incluye un apartado de preguntas y respuestas directamente relacionadas con ese punto geógrafo.
La clave de acceso a la herramienta se puede obtener en la página de Medio Ambiente.
Traking System
El otro programa es un centro de atención virtual que le muestra al proyectista el expediente completo de su proyecto, el estado de su permiso y las diferentes etapas que ha ido superando hasta su aprobación o negación.
Los proyectos se pueden buscar por nombres o por el código otorgado por el Ministerio o por un filtro que los muestra por provincia, por sectores y otras opciones.
Esta herramienta aún no está disponible al público. Ambos programas fueron presentados a la prensa por Robin Paniagua.
PROGRAMA AMBIENTAL DE LA USAID
El Programa de Protección Ambiental de la USAID trabaja actualmente en nueve comunidades: Las Galeras, Santa Bárbara de Samaná, El Limón, Las Terrenas, Sánchez, Jarabacoa, Barahona, Bayahíbe y Altamira. Con este programa, según la USAID, “el gobierno de los EEUU amplía su colaboración con la República Dominicana para fortalecer las capacidades institucionales, tanto del sector público como del sector privado, en los temas de protección ambiental previstos en el Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA”.
José Contreras, director del programa que se ejecuta a través del Centro de Gestión Ambiental del Intec, asegura que no es un requisito del tratado, sino un compromiso que adopta el país de cumplir con su propia normativa, en este caso la Ley 64-00.